El término justicia social fue acuñado en el siglo XIX por el jesuita italiano Luigi Taparelli D’Azeglio en su obra “Saggio teoretico di dritto naturale appoggiato sul fatto” (1840-1843).
Taparelli propuso la justicia social como la virtud que ordena las relaciones sociales, económicas y políticas hacia el bien común, asegurando que las estructuras de la sociedad respeten la dignidad de la persona humana y promuevan la equidad.
Este concepto fue adoptado y desarrollado por la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), comenzando con la encíclica Rerum Novarum (1891) de León XIII, que abordó las injusticias de la industrialización, como la explotación laboral, y continuó en documentos como Quadragesimo Anno (1931), Centesimus Annus (1991) y Fratelli Tutti (2020).
La justicia social, según la DSI, se basa en principios fundamentales:
- Dignidad humana: Cada persona tiene un valor intrínseco que debe ser respetado en todas las estructuras sociales.
- Bien común: La sociedad debe organizarse para que todos sus miembros puedan desarrollarse plenamente.
- Solidaridad: Los individuos y comunidades tienen una responsabilidad mutua para reducir desigualdades y apoyar a los más vulnerables.
- Subsidiaridad: Las decisiones deben tomarse al nivel más cercano a los afectados, con el Estado interviniendo solo cuando sea necesario para garantizar el bien común.
Relación con la Justicia Distributiva de Aristóteles
La justicia social de la DSI está profundamente vinculada al concepto de justicia distributiva de Aristóteles, desarrollado en su Ética a Nicómaco.
Aristóteles define la justicia distributiva como la asignación equitativa de bienes, recursos y honores en una comunidad, según criterios de proporcionalidad que consideren el mérito o las necesidades de los individuos.
A diferencia de la justicia conmutativa, que regula los intercambios entre personas, la justicia distributiva se centra en cómo la sociedad distribuye sus recursos para garantizar una convivencia justa.
La DSI amplía este concepto al integrarlo con la fe cristiana. Mientras Aristóteles enfatiza la proporcionalidad según el mérito, la DSI incorpora la opción preferencial por los pobres, asegurando que los más necesitados tengan acceso a los bienes necesarios para su desarrollo integral.
En Centesimus Annus, Juan Pablo II subraya que la justicia social requiere estructuras económicas que generen riqueza y la distribuyan equitativamente, respetando la dignidad de todos.
Taparelli D’Azeglio, al acuñar el término, adaptó la justicia distributiva aristotélica a los desafíos modernos, como las desigualdades generadas por la industrialización, proponiendo un marco ético para ordenar la sociedad hacia el bien común.
¿Porqué la Justicia Social no es un robo?
La afirmación de que la justicia social es un “robo” suele provenir de alguna perspectivas libertaria que ven la intervención estatal para redistribuir recursos como una violación de la libertad individual y la propiedad privada.
Esta crítica, inspirada en pensadores como Friedrich Hayek, argumenta que cualquier intento de imponer equidad a través de políticas públicas distorsiona el mercado y desincentiva la iniciativa personal.
Sin embargo, desde la DSI, esta interpretación malentiende el concepto de justicia social, que no aboga por el igualitarismo ni la expropiación, sino por un orden social que garantice el acceso equitativo a los bienes, respetando tanto la libertad como la responsabilidad colectiva.
La DSI, en línea con Aristóteles, no promueve la eliminación de la propiedad privada, sino su subordinación al destino universal de los bienes.
Como señala Rerum Novarum, la propiedad privada es un derecho natural, pero debe ejercerse con responsabilidad hacia el bien común.
La justicia social, lejos de ser un “robo”, es un llamado a crear estructuras que permitan a todos participar en la prosperidad, evitando los extremos del capitalismo desenfrenado y el socialismo colectivista.
El Ejemplo de Ludwig Erhard: Justicia Social en Acción
En otro artículo de este blog sobre Ludwig Erhard y la Economía Social de Mercado se presentó un ejemplo concreto de cómo la justicia social, inspirada en la DSI, puede aplicarse con éxito.
Erhard, aunque protestante, integró principios de la DSI, como la subsidiaridad, la solidaridad y el bien común, en su modelo económico para la Alemania Occidental de posguerra.
Su enfoque, basado en el ordoliberalismo y enriquecido por valores cristianos, combinó la libertad de mercado con políticas sociales que aseguraban equidad, reflejando la justicia distributiva aristotélica adaptada a un contexto moderno.
Erhard implementó reformas audaces, como la eliminación de controles de precios en 1948 y la reforma monetaria, que desataron la productividad y el crecimiento económico.
Al mismo tiempo, promovió políticas sociales, como sistemas de seguridad social y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que aseguraron una distribución más equitativa de la riqueza. El resultado fue que se produjo un crecimiento del PBI del 8-9% anual en los 1950, una reducción del desempleo a menos del 1% y un aumento significativo en el nivel de vida.
Este éxito demuestra que la justicia social, lejos de ser un “robo”, puede ser un motor de prosperidad cuando se aplica con un equilibrio entre libertad y responsabilidad.
La visión de Erhard refleja la justicia social de la DSI en varios aspectos:
- Subsidiaridad: Al fortalecer a las comunidades locales y al sector privado, Erhard respetó la autonomía de los actores económicos, evitando el centralismo estatal.
- Solidaridad: Sus políticas sociales aseguraron que los beneficios del crecimiento llegaran a los más necesitados, alineándose con la opción preferencial por los pobres.
- Bien común: La Economía Social de Mercado priorizó el bienestar de toda la sociedad, no solo de una élite, resonando con la justicia distributiva aristotélica.
Aplicación Universal de la Justicia Social
El caso de Erhard ilustra que la justicia social no implica confiscación ni estatismo, sino un marco ético para ordenar la economía hacia el bien común.
En cualquier sociedad, incluidos contextos con desafíos económicos, la DSI propone un enfoque que equilibre la libertad individual con la responsabilidad colectiva. Esto puede traducirse en:
- Fomentar el trabajo digno: Políticas que promuevan el empleo y la formación profesional, como hizo Erhard.
- Subsidiaridad práctica: Fortalecer a las comunidades locales y al sector privado para resolver problemas, con el Estado como garante del bien común.
- Transparencia: Implementar políticas sociales con controles estrictos para evitar ineficiencias o abusos, asegurando que los recursos beneficien a los más necesitados.
- Diálogo social: Fomentar la colaboración entre gobierno, empresas y sociedad civil, como recomienda la DSI, para construir consenso y evitar polarizaciones.
Taiwán: otro caso exitoso
El caso de Taiwán, al igual que el de Ludwig Erhard, ilustra cómo es posible conciliar éxito económico con justicia social sin vulnerar los derechos de propiedad.
Taiwán logró un crecimiento espectacular, redujo la desigualdad y empoderó a su población mediante políticas que reflejan los principios de la DSI: dignidad humana, bien común, solidaridad y subsidiaridad.
Aunque no se inspiró directamente en la DSI, su modelo comparte el espíritu ético de Erhard, quien integró estos principios en la Economía Social de Mercado.
Ambos casos demuestran que la justicia social, lejos de ser un “robo”, es un marco ético que ordena la economía para servir a todos, respetando la libertad y la propiedad privada.
En cualquier contexto, la DSI ofrece una guía para construir economías prósperas y justas, como lo muestran Taiwán y Alemania.
Es cierto que el modelo taiwanés fue más dirigista, dado que el gobierno planificó industrias estratégicas como la industria Textil y de Confección, la industria electrónica y de electrodomésticos, la industria petroquímica y de plásticos y la muy importante industria de semiconductores y alta tecnología.
No obstante, esta planificación estratégica de las industrias textil, electrónica, petroquímica, semiconductores y maquinaria para impulsar su milagro económico (1950-1980).
Estas industrias, apoyadas por reformas agrarias, inversión en educación y colaboración público-privada, generaron crecimiento, redujeron la pobreza y mantuvieron una distribución equitativa de la riqueza, sin vulnerar los derechos de propiedad.
Este modelo, como el de Erhard, refleja principios de la DSI, demostrando que el éxito económico y la justicia social son compatibles cuando se priorizan la dignidad humana y el bien común. Taiwán ofrece un ejemplo inspirador para cualquier sociedad que busque un desarrollo equilibrado y ético.
Conclusión
El caso de Taiwán, al igual que el de Ludwig Erhard, ilustra cómo es posible conciliar éxito económico con justicia social sin vulnerar los derechos de propiedad.
Taiwán logró un crecimiento espectacular, redujo la desigualdad y empoderó a su población mediante políticas que reflejan los principios de la DSI: dignidad humana, bien común, solidaridad y subsidiaridad.
Aunque no se inspiró directamente en la DSI, su modelo comparte el espíritu ético de Erhard, quien integró estos principios en la Economía Social de Mercado.
Ambos casos demuestran que la justicia social, lejos de ser un “robo”, es un marco ético que ordena la economía para servir a todos, respetando la libertad y la propiedad privada.
En cualquier contexto, la DSI ofrece una guía para construir economías prósperas y justas, como lo muestran Taiwán y Alemania.
Por lo tanto, la DSI ofrece un marco ético que equilibra libertad y responsabilidad, promoviendo una economía al servicio de la persona humana.
Autor: Daniel Mendive, Año 2025
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