Sin una administración ética del Estado, puede haber crisis económicas. Por eso, la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) ofrece un marco ético sólido para orientar la administración del Estado hacia el bien común, la solidaridad, la subsidiaridad y la opción preferencial por los pobres.
La gestión responsable de los recursos públicos, incluyendo el control del gasto público, el déficit fiscal y la inflación, es fundamental para garantizar una economía al servicio de la dignidad humana.
Este artículo explora cómo los principios de la DSI, articulados en encíclicas sociales y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2004), pueden guiar una administración estatal ética, con un enfoque en el equilibrio fiscal y la estabilidad económica.
Administración ética del bien común
La DSI establece que el bien común es el fin último de uma actividad estatal ética, definido como “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección” (Compendio, n. 164).
La ética de la DSI aporta este principio, desarrollado en encíclicas como Rerum Novarum (León XIII, 1891) y Centesimus Annus (Juan Pablo II, 1991), implica que el Estado debe gestionar los recursos públicos con responsabilidad, transparencia y eficiencia, priorizando a los más necesitados.
El Compendio (n. 355) subraya que los impuestos, como contribución ciudadana al bien común, deben ser administrados de manera que promuevan servicios esenciales como la educación, la salud y la asistencia social, en línea con la opción preferencial por los pobres (n. 182).
Sin embargo, el gasto público excesivo, que genera déficits fiscales insostenibles, puede comprometer el bien común al desviar recursos de estas prioridades o cargar a las generaciones futuras con deudas.
Centesimus Annus (n. 48) advierte contra el “Estado asistencialista” que, mediante un gasto público descontrolado, crea burocracias ineficientes y dependencia, lo que “provoca una pérdida de energías humanas y un aumento exorbitante de los aparatos públicos”.
Esta crítica implica que el equilibrio fiscal no es solo una cuestión técnica, sino un imperativo ético para garantizar que el Estado cumpla su rol sin comprometer la estabilidad económica.
La inflación como injusticia social
La inflación, especialmente cuando es alta o descontrolada, es un fenómeno económico con profundas implicaciones morales, ya que erosiona el poder adquisitivo de los más pobres, quienes carecen de medios para protegerse.
Aunque la DSI no la condena explícitamente, su énfasis en la justicia social y la opción preferencial por los pobres implica que cualquier política que exacerbe la pobreza es inmoral. Laudato Si’ (Francisco, 2015, n. 189) critica las políticas económicas que generan desigualdad y afectan a los más vulnerables, lo que incluye fenómenos como la inflación.
El Compendio (n. 323) subraya que las políticas económicas deben garantizar el acceso a bienes esenciales, un objetivo que la inflación socava al encarecer las necesidades básicas.
La inflación, a menudo vinculada al déficit fiscal o a políticas monetarias irresponsables, representa una violación del principio de solidaridad, que exige que los recursos se distribuyan equitativamente para beneficiar a todos (Compendio, n. 192).
Ética, Subsidiaridad y responsabilidad fiscal
El principio de subsidiaridad, central en la DSI, establece que el Estado debe apoyar, no reemplazar, las iniciativas de individuos y comunidades (Quadragesimo Anno, Pío XI, 1931, n. 79).
Un gasto público excesivo, que lleva a déficits fiscales insostenibles, puede violar este principio al centralizar el poder económico y generar ineficiencias.
Centesimus Annus (n. 48) refuerza esta idea al criticar el Estado asistencialista que “interviene directamente y quita responsabilidad a la sociedad”.
La DSI, por tanto, aboga por una gestión fiscal que sea proporcional y eficiente, evitando el despilfarro y la corrupción, que el Compendio (n. 355) condena como contrarios al bien común.
El equilibrio fiscal, como defendido por Ludwig Erhard en la economía social de mercado de la Alemania Occidental de posguerra, es un ejemplo práctico de este principio.
Erhard, inspirado por el ordoliberalismo, liberalizó precios y salarios en 1948, pero mantuvo una moneda estable y un gasto público moderado, logrando el Wirtschaftswunder (crecimiento del PIB del 8% anual, desempleo reducido al 1% en 1960).
Este modelo, que combina libertad de mercado con políticas sociales y estabilidad fiscal, es compatible con la DSI, ya que respeta la subsidiaridad, fomenta la solidaridad y protege a los más pobres al controlar la inflación.
El ejemplo de la economía social de mercado
La economía social de mercado, desarrollada por Erhard y basada en los principios ordoliberales de la Escuela de Friburgo (Walter Eucken, Wilhelm Röpke), ofrece un modelo que la DSI podría destacar como un ejemplo de administración ética del Estado. Este modelo:
- Defiende la propiedad privada, en línea con Rerum Novarum (n. 7), pero subordinada al destino universal de los bienes (Fratelli Tutti, Francisco, 2020, n. 120).
- Promueve la subsidiariedad, limitando la intervención estatal a establecer reglas de competencia justa, como exige Quadragesimo Anno (n. 79).
- Prioriza la solidaridad, con políticas sociales que aseguran que el crecimiento económico beneficie a todos, especialmente a los más necesitados (Compendio, n. 182).
- Evita la inflación y el déficit fiscal, protegiendo el poder adquisitivo de los pobres, en armonía con la justicia social de la DSI.
En contraste, sistemas socialistas, como el de la Alemania Oriental de posguerra, demostraron ineficiencias y rigidez, lo que Olivier Giscard d’Estaing destacó en su libro Le Social-capitalisme ou les Chemins de la prospérité mondiale (1977), donde compara las dos Alemanias. Giscard d’Estaing, propuso un “social-capitalismo” que resuena con la DSI al combinar libertad de mercado con responsabilidad social.
Conclusión
La Doctrina Social de la Iglesia ofrece un marco ético para una administración estatal que priorice el bien común, la subsidiaridad y la solidaridad.
El gasto público debe ser responsable, evitando déficits fiscales insostenibles que comprometan a las futuras generaciones (Centesimus Annus, n. 48), mientras que la inflación debe ser combatida como una injusticia que afecta a los más pobres (Compendio, n. 323).
La economía social de mercado de Ludwig Erhard y el “social-capitalismo” de Olivier Giscard d’Estaing son ejemplos prácticos de cómo estos principios pueden aplicarse, demostrando que el equilibrio fiscal y la estabilidad económica son imperativos éticos compatibles con la DSI. En un mundo polarizado,
Referencias:
- Rerum Novarum (1891), León XIII.
- Quadragesimo Anno (1931), Pío XI.
- Centesimus Annus (1991), Juan Pablo II.
- Laudato Si’ (2015), Francisco.
- Fratelli Tutti (2020), Francisco.
- Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2004), Pontificio Consejo Justicia y Paz.
- Giscard d’Estaing, O. (1977). Le Social-capitalisme ou les Chemins de la prospérité mondiale. Fayard.
Autor: Daniel Mendive, Año 2025
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