La DSI (Doctrina Social de la Iglesia), ofrece una visión profunda y ética sobre las leyes y el poder judicial, presentándolos como instrumentos esenciales para promover el bien común, la dignidad humana y la justicia.
A través de documentos magisteriales como el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2004), encíclicas como Pacem in Terris (1963), Centesimus Annus (1991) y Fratelli Tutti (2020), y otros textos relevantes, la Iglesia proporciona principios claros para que las leyes y el ejercicio del poder judicial reflejen los valores del Evangelio y la ley natural.
Las leyes: un reflejo del orden moral
La DSI enseña que las leyes humanas deben estar al servicio del bien común, definido en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia como “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección” (n. 164).
Este principio implica que las leyes deben promover la justicia, proteger los derechos fundamentales y respetar la dignidad de toda persona.
En la encíclica Pacem in Terris, Juan XXIII establece que “la autoridad de las leyes humanas depende de su conformidad con el orden moral objetivo, que tiene su fundamento en Dios” (n. 30).
Una ley que contradiga la ley natural, como aquellas que permitan el aborto o la discriminación, carece de legitimidad moral.
Por ejemplo, en Evangelium Vitae (1995), Juan Pablo II condena explícitamente las leyes que atentan contra la vida humana, afirmando que “ninguna ley humana puede legitimar el aborto o la eutanasia” (n. 72).
El Compendio refuerza esta idea al señalar que “las leyes injustas no obligan en conciencia, especialmente si contradicen gravemente las exigencias del orden moral” (n. 398).
Esto implica que los cristianos tienen el deber de discernir la justicia de las leyes y, en algunos casos, practicar la objeción de conciencia.
Además, Gaudium et Spes (1965), del Concilio Vaticano II, exhorta a los laicos a participar activamente en la creación de leyes justas, asegurando que “las normas jurídicas humanas sean conformes al bien común y a los principios morales” (n. 75).
El poder judicial: garante de la justicia
El poder judicial, como institución al servicio de la sociedad, debe actuar con independencia, imparcialidad y un compromiso ético con la justicia.
El Compendio define la justicia como “la virtud que regula las relaciones entre las personas y las instituciones, asegurando que cada uno reciba lo que le es debido” (n. 201).
En este sentido, los jueces y tribunales tienen la responsabilidad de aplicar las leyes de manera equitativa, sin ceder a presiones políticas o económicas.
En Centesimus Annus (1991), Juan Pablo II advierte que “la justicia no puede ser distorsionada por intereses particulares, ya que ello conduce a un sistema de opresión” (n. 44).
La DSI subraya la importancia de un poder judicial independiente como pilar de un orden democrático.
El Compendio destaca que “la separación de poderes es una garantía para proteger los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de autoridad” (n. 406).
Además, la DSI llama al poder judicial a priorizar a los más vulnerables.
En Fratelli Tutti (2020), el papa Francisco critica los sistemas judiciales que perpetúan desigualdades y aboga por una justicia que promueva la reconciliación y la inclusión, afirmando que “la justicia no debe limitarse al castigo, sino buscar la restauración de las relaciones sociales” (n. 246).
Principios rectores siempre presentes de la DSI: subsidiariedad, solidaridad y dignidad
La DSI articula principios fundamentales que deben guiar tanto la legislación como el poder judicial:
- Subsidiaridad: En Quadragesimo Anno (1931), Pío XI define este principio, afirmando que “no es lícito quitar a los individuos y transferir a la comunidad lo que ellos pueden realizar por su propia iniciativa” (n. 79). Las leyes y las decisiones judiciales deben respetar la autonomía de las personas y comunidades, interviniendo solo para apoyar, no para reemplazar, sus esfuerzos.
- Solidaridad: En Sollicitudo Rei Socialis (1987), Juan Pablo II describe la solidaridad como “la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común” (n. 38). Esto se traduce en leyes y sentencias que promuevan la justicia distributiva y la inclusión social.
- Dignidad humana: Toda ley y decisión judicial debe respetar la dignidad inalienable de la persona. En Evangelium Vitae, Juan Pablo II subraya que “la dignidad de la persona humana es el fundamento de toda legislación moral” (n. 57).
- Bien común: El Compendio insiste en que “el bien común es el fin último de toda actividad política y jurídica” (n. 168).
La DSI hace un llamado a la acción frente a las injusticias
La DSI no solo establece principios teóricos, sino que también urge a los cristianos a actuar frente a leyes o sistemas judiciales injustos.
El Compendio aclara que “los ciudadanos no están obligados a seguir leyes que sean contrarias al orden moral” (n. 399).
En la carta apostólica Octogesima Adveniens (1971), Pablo VI llama a los cristianos a discernir los “signos de los tiempos” y a trabajar por la reforma de estructuras legales y judiciales que perpetúen el pecado social, como la corrupción o la desigualdad (n. 4).
En Caritas in Veritate (2009), Benedicto XVI enfatiza que “la justicia debe ser accesible a todos, sin distinción, y no estar sujeta a intereses económicos o políticos” (n. 36).
Esto implica que los cristianos, especialmente los juristas y legisladores, deben ejercer su profesión con coherencia ética, promoviendo leyes y decisiones judiciales que reflejen los valores evangélicos.
Relevancia en el mundo actual de la DSI
En el contexto actual (16 de agosto de 2025), donde persisten desafíos como la corrupción judicial, la desigualdad en el acceso a la justicia y las tensiones sociales, los principios de la DSI son una guía esencial.
En Laudato Si’ (2015), Francisco conecta la justicia legal con la justicia ambiental, exhortando a los legisladores a crear leyes que protejan la creación, afirmando que “una verdadera ecología integral requiere leyes que promuevan el cuidado de la casa común” (n. 49).
Asimismo, Fratelli Tutti llama a los sistemas judiciales a ser instrumentos de fraternidad, no de exclusión (n. 233).
La DSI sigue siendo una guía para legisladores, jueces y ciudadanos comprometidos con un mundo más justo.
Conclusión
La Doctrina Social de la Iglesia presenta las leyes y el poder judicial como herramientas al servicio del bien común, la dignidad humana y la justicia.
Las leyes deben reflejar el orden moral, mientras que el poder judicial debe actuar con independencia y equidad.
Documentos como Pacem in Terris (n. 30), Centesimus Annus (n. 44), Fratelli Tutti (nn. 233, 246) y el Compendio (nn. 164, 201, 398-406) ofrecen una guía clara para transformar las estructuras legales y judiciales.
Fuentes
- Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2004), nn. 164, 168, 201, 398-406.
- Pacem in Terris (1963), n. 30.
- Gaudium et Spes (1965), n. 75.
- Quadragesimo Anno (1931), n. 79.
- Sollicitudo Rei Socialis (1987), n. 38.
- Centesimus Annus (1991), n. 44.
- Evangelium Vitae (1995), nn. 57, 72.
- Caritas in Veritate (2009), n. 36.
- Laudato Si’ (2015), n. 49.
- Fratelli Tutti (2020), nn. 233, 246.
- Octogesima Adveniens (1971), n. 4.
Autor: Daniel Mendive, Año 2025
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